Dentro del marco constitucional actual, en cada proceso electoral se pueden hacer reducciones en el porcentaje que este asignado para las campañas electorales.

 

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presentó la iniciativa en mayo del 2015, con el fin de que el Estado presupueste tan sólo el 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) del año trasanterior a las elecciones nacionales de 2018, como aporte estatal para las elecciones nacionales de ese año y las municipales del año 2020.

 

De acuerdo con el Articulo 96 de la Constitución Política y que aparece igualmente en el Código Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en  la sección II de la contribución estatal artículo 89. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos y el monto máximo a distribuir entre ellos es el equivalente al 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año tras anterior a la celebración de la elección correspondiente, aunque la ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.

 

Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aporte se determina doce meses antes de las elecciones y dentro de los límites establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política, además el TSE fijará el monto de la contribución que el Estado deberá reconocer a los partidos políticos, tomando como base de cálculo el PIB a precios de mercado.

 

Los diputados de la Comisión de Reformas del Estado muestran interés en que este tipo de recortes pasen de una medida temporal o transitoria, a una reducción permanente. Sin embargo, esto implicaría una reforma permanente al artículo 96 de la Constitución Política

 

Actualmente, el 0,19% representa unos ¢57.775 millones. Si el proyecto se aprueba, el aporte se reduciría a unos ¢33.500 millones lo que corresponde a un  ahorro de ¢22.225 millones. ¿Pero qué sucede con los millones que quedarían si se aprueba la reducción?

 

El Tribunal Supremo de Elecciones sostiene que si se da de manera permanente se debe hacer una reforma constitucional porque es un porcentaje fijado en el contexto jurídico fundamental y es un proceso lento que requiere tiempo y trámites por las diversas particularidades como la rigidez constitucional.

 

No obstante, Andrei Cambronero Torres, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, explica: “El tema de financiamiento electoral es muy complejo, algunos teóricos señalan que el problema de algunas democracias no son los partidos políticos sino el financiamiento de ellos, existen sistemas que han apostado por un financiamiento público, otros han optado por un financiamiento privado y otros como el nuestro se da el financiamiento mixto." Además, en el caso del recorte del presupuesto que era asignado para las elecciones pasará directamente a caja única del Estado.

 

Una de las preguntas es, si además del aporte del estado los partidos reciben otro apoyo para sus campañas políticas, el articulo 86 menciona que el patrimonio de los partidos políticos se integra con las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley,  además dicho patrimonio se integrará con los bienes muebles o inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

 

En Costa Rica, se utiliza un sistema de financiamiento por parte del Estado lo que esto permite es un reembolso y comprobación, lo cual, en ocasiones los partidos políticos han tenido problemas en las campañas electorales, con adelantos mínimos muy distintos a los de años anteriores y requiere presentar garantías liquidas exigibles, entre ellas: presentación de propiedades, certificados que sirvan de respaldo al dinero que se brinda.

 

Los partidos políticos que participaren en los procesos electorales y logren al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional, por ordenamiento del código electoral, tendrán derecho a la contribución estatal.

 

El TSE, ha apostado por las franjas electorales que consiste en que los medios de comunicación brinden espacios para las pautas gratuitas para los partidos políticos, debido a que los medios utilizan un bien que es del estado llamado espectro magnético y se tramita desde el año 2013 y no ha encontrado eco en la Asamblea Legislativa.

 

Cambronero explicó, que para el año 2010 fue más lo que se gastó en pauta publicitaria política, con montos aproximados a los ₡6000 millones, en esa época, y fue monto superior a organizar las elecciones de ese mismo año.

 

Costa Rica es de los pocos países que no cuentan con franjas electorales, lo cual, da paso a una inequidad en la contienda por que no todos los actores políticos han sido visibilizados.

 

Gerardo Vargas Rojas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), considera que es importante que se dé la aprobación del Proyecto de Ley lo antes posible, de esa manera, los partidos políticos estarán anuentes a planificar sus posibles gastos en las campañas próximas electorales.

 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Hacienda conocerán el monto de inversión que hará el Estado Costarricense, para los próximos comicios. De esta manera, el proyecto pasará al plenario Legislativo para las próximas votaciones finales del primer y segundo debate.

.